La reciente propuesta legislativa que busca limitar la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar reformas constitucionales no es solo un ataque a una institución judicial, sino una amenaza estructural al Estado de derecho en México. Esta iniciativa, que pretende eliminar el control judicial sobre las reformas promovidas por el Congreso, pone en riesgo los principios fundamentales que sostienen nuestra democracia: la supremacía constitucional, la división de poderes y la protección de los derechos humanos.
La importancia del control judicial
En cualquier Estado democrático, el control judicial es el pilar que asegura el equilibrio entre los poderes del Estado. La SCJN, como guardiana de la Constitución, se encarga de verificar que cualquier modificación constitucional respete los principios fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna. Según la teoría de Hans Kelsen, el sistema jurídico debe organizarse en una jerarquía de normas donde la Constitución ocupa el nivel supremo. Al eliminar o restringir el control de la SCJN, esta propuesta desarticula la jerarquía normativa y pone en peligro la coherencia y estabilidad del sistema legal.
Actualmente, para que la SCJN declare la invalidez de una norma general, incluyendo reformas constitucionales, se requiere una mayoría calificada de al menos ocho de los once ministros, según el artículo 105 de la Constitución. La propuesta legislativa busca que, si no se alcanza este número de votos, la reforma quede automáticamente validada y blindada frente a futuros recursos judiciales. Esto otorgaría al Congreso un poder sin precedentes y sin control efectivo, debilitando la supremacía constitucional y el sistema de pesos y contrapesos que previene abusos de poder.
Límites al poder constituyente derivado: el rol esencial de la SCJN
El poder constituyente derivado, que permite al Congreso reformar la Constitución, no es absoluto. Existen límites implícitos y explícitos que la SCJN, en su papel como órgano de control constitucional, se encarga de salvaguardar. Estos límites son esenciales para proteger los derechos humanos y garantizar el equilibrio democrático. La capacidad de la SCJN para invalidar reformas que vulneren estos principios no es una facultad opcional, sino una garantía de que los valores fundamentales de la Constitución no serán comprometidos por mayorías legislativas temporales.
La SCJN ha establecido, a través de su jurisprudencia, que las reformas constitucionales deben respetar el núcleo esencial de los derechos humanos y los principios democráticos. Sin este control judicial, el Congreso podría aprobar modificaciones que contradigan los compromisos internacionales de México y los derechos consagrados en la Constitución, sin posibilidad de ser cuestionadas legalmente.
Ejemplos internacionales: Alemania y España
En el ámbito internacional, otros países han enfrentado desafíos similares y han reafirmado la importancia del control judicial sobre las reformas constitucionales.
Caso Alemania: Tribunal Constitucional Federal Alemán
El Tribunal Constitucional Federal Alemán es reconocido por su papel clave en la protección de principios inalterables, particularmente a través del artículo 79(3) de la Ley Fundamental, que establece que ciertos aspectos de la Constitución, como la dignidad humana y la estructura federal del Estado, son intangibles y no pueden ser reformados. Este artículo actúa como un blindaje contra cambios legislativos que intenten alterar los fundamentos esenciales del Estado.
En el caso Lüth (1958), el Tribunal afirmó que los derechos fundamentales no son solo derechos subjetivos individuales, sino valores objetivos que irradian a todo el orden jurídico. Esta sentencia subrayó que cualquier reforma que pretenda modificar estos principios debe estar sujeta a control judicial, asegurando que las mayorías políticas no puedan erosionar los derechos fundamentales ni la dignidad humana.
Otro ejemplo es el caso del Partido Comunista Alemán (KPD) en 1956, donde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional a un partido político que pretendía abolir el orden democrático. Esta decisión demostró la importancia de que el Tribunal mantenga vigilancia sobre intentos de distorsionar el sistema democrático, incluso a través de reformas constitucionales.
Caso España: Autonomía judicial y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
En España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido centro de debates sobre su independencia y autonomía frente a reformas legislativas. Una reforma propuesta en 2013 intentó modificar el método de elección de sus vocales, lo que fue criticado por acercar al CGPJ a intereses políticos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional español ha establecido, en sentencias como la 108/1986 y posteriores, que la independencia del CGPJ debe estar garantizada para preservar el principio de autonomía judicial, un valor central en el sistema democrático español.
Estas decisiones reflejan un principio clave: la autonomía judicial es esencial para el mantenimiento del Estado de derecho, y cualquier reforma que ponga en riesgo esa independencia debe ser objeto de una revisión judicial rigurosa. La experiencia española muestra cómo el control constitucional es fundamental para evitar que reformas legislativas debiliten la independencia judicial y, por ende, la división de poderes.
Los riesgos para los derechos humanos y la democracia
Uno de los mayores peligros de la propuesta es que las mayorías legislativas, sin la supervisión judicial de la SCJN, podrían aprobar reformas que vulneren los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad. Desde la reforma constitucional de 2011, el artículo 1° de la Constitución mexicana garantiza que los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte tienen rango supremo y deben ser respetados por todas las autoridades, incluyendo el Poder Legislativo. Al suprimir o limitar el control de la SCJN, este marco de protección se debilitaría, permitiendo reformas que erosionen los avances en materia de derechos humanos.
El principio pro persona, que exige interpretar las normas de manera que favorezcan la protección más amplia de los derechos humanos, también estaría en riesgo. La SCJN ha desempeñado un rol esencial en la defensa de este principio, asegurando que las reformas legislativas se ajusten a la Constitución y a los compromisos internacionales. Sin el control judicial efectivo, los derechos de las personas más vulnerables podrían ser socavados por reformas impulsadas por intereses políticos coyunturales.
Concentración de poder y erosión de la división de poderes
Otro aspecto preocupante de esta propuesta es que pone en peligro la división de poderes, uno de los principios fundacionales de nuestra democracia. El artículo 49 de la Constitución establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben operar de manera separada e independiente, garantizando un sistema de pesos y contrapesos que evite la concentración de poder. Si el Congreso queda exento de cualquier control judicial sobre sus reformas, el Poder Legislativo concentraría un poder desproporcionado, eliminando la supervisión de la SCJN como freno constitucional.
Permitir que el Congreso actúe sin el contrapeso judicial equivale a fusionar política y derecho, lo cual es contrario a la teoría kelseniana. Esto desestabilizaría la arquitectura constitucional, ya que los intereses políticos podrían imponerse sobre los principios jurídicos que deben guiar las decisiones del Estado, socavando la estabilidad democrática y la protección de derechos.
Conclusión
La propuesta que pretende limitar la capacidad de la SCJN para revisar las reformas constitucionales representa un grave retroceso para México. Al debilitar la supremacía constitucional, eliminar los contrapesos judiciales y concentrar el poder en el Congreso, se abre la puerta a un escenario donde los derechos fundamentales y la estabilidad democrática estarían en constante peligro.
El control judicial no es un obstáculo para el cambio, sino una garantía de que los principios fundamentales que sostienen nuestra democracia y protegen nuestros derechos se mantengan intactos. Es fundamental que las instituciones mexicanas mantengan un equilibrio que permita el adecuado funcionamiento del Estado de derecho. La SCJN debe continuar desempeñando su papel como guardiana de la Constitución, asegurando que cualquier reforma esté en consonancia con los valores y principios que definen a nuestro país.
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