La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el DOF el 17 de octubre de 2012 y sujeta a diversas modificaciones reglamentarias posteriores, clasifica a las empresas inmobiliarias como Actividades Vulnerables bajo su artículo 17, fracción XVI. Esta clasificación impone un conjunto de obligaciones de debida diligencia, identificación de clientes, resguardo de información y presentación de avisos

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI, DOF 17 de octubre de 2012, última reforma DOF 25 de junio de 2024) impone un régimen de cumplimiento específico para quienes intervienen en operaciones inmobiliarias. El artículo 17, fracción VIII de la ley clasifica como actividad vulnerable la compraventa y transmisión de derechos reales sobre inmuebles cuando el precio de la operación o el valor de avalúo comer

México no tiene un régimen de control de cambios en sentido estricto: la libre convertibilidad del peso y la libertad para adquirir, transferir y repatriar divisas son principios que han permanecido intactos desde la liberalización de 1991. Sin embargo, la ausencia de restricciones cambiarias directas no equivale a la ausencia de obligaciones. Los inversionistas extranjeros que canalizan capitales hacia activos inmobiliarios en la Riviera Maya enfrentan un entramado de debere

Las opciones migratorias vinculadas a la inversión constituyen uno de los canales más utilizados por extranjeros que estructuran operaciones inmobiliarias, corporativas o de capital en México. Sin embargo, la arquitectura normativa que regula estas vías combina disposiciones de la Ley de Migración (DOF, 25 de mayo de 2011, última reforma publicada el 15 de noviembre de 2024), su Reglamento (DOF, 28 de septiembre de 2012, última reforma: DOF, 23 de mayo de 2023), los Lineami

México ha suscrito más de treinta tratados bilaterales de inversión (TBIs) en vigor, además de capítulos de inversión en tratados de libre comercio como el T-MEC y el TIPAT. Estos instrumentos operan en un plano distinto al derecho interno: crean obligaciones directas del Estado mexicano frente al inversionista extranjero, con independencia de lo que disponga la legislación nacional aplicable al proyecto específico. Para un inversionista con exposición en el sector inmobiliar

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras ( RNIE ) constituye uno de los instrumentos de control administrativo más relevantes del régimen jurídico de inversión extranjera en México. Su sustento normativo descansa principalmente en la Ley de Inversión Extranjera (LIE) , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993 y cuya última reforma relevante data del 15 de junio de 2023, y en su Reglamento (publicado el 8 de septiembre de 1998, con ref

La estructuración de un holding internacional con operaciones inmobiliarias en México requiere articular tres regímenes normativos simultáneamente: la Ley de Inversión Extranjera (LIE) , publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1993 y reformada en sus disposiciones reglamentarias mediante el Decreto por el que se reforma el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras , publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2021; la Ley

El artículo 27 constitucional, en su párrafo primero, establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, y que únicamente los mexicanos por nacimiento o naturalización, y las sociedades mexicanas, tienen capacidad para adquirir el dominio directo sobre bienes inmuebles en territorio nacional. Esta es la regla general de capacidad adquisitiva que fija el orden constitucional mexicano en materia

La compensación ambiental constituye uno de los rubros más subestimados en la estructuración financiera de proyectos de desarrollo inmobiliario, turístico e industrial en México. Su activación no depende de la voluntad del desarrollador sino de la concurrencia de supuestos normativos específicos, y su cuantificación puede modificar sustancialmente la viabilidad económica de un proyecto. Ignorarla en la etapa de due diligence tiene consecuencias que van desde condicionantes co

Quintana Roo concentra algunas de las superficies protegidas más extensas y ecológicamente sensibles del país. Para quienes estructuran proyectos inmobiliarios, turísticos o de infraestructura en la entidad, el régimen de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no es un elemento accesorio del análisis de viabilidad: es, con frecuencia, el factor determinante. Una lectura inexacta del marco regulatorio puede generar nulidades de pleno derecho, responsabilidad ambiental objetiva y

La proliferación masiva de Sargassum fluitans y S. natans en el Caribe mexicano ha dejado de ser un fenómeno estacional para convertirse en una crisis estructural con consecuencias económicas, ambientales y legales de primer orden. El litoral de Quintana Roo concentra la mayor presión operativa, pero el marco normativo que regula la recolección, el traslado y el aprovechamiento del sargazo permanece fragmentado entre múltiples órdenes de gobierno y regímenes jurídicos que n

La intersección entre el ecosistema de manglar y la Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT) constituye uno de los territorios jurídicos más restrictivos y litigiosos del desarrollo inmobiliario en Quintana Roo. Para cualquier desarrollador, fondo o inversionista que opere en la costa del Caribe mexicano, ignorar esta superposición normativa no es un riesgo tolerable: es una causa directa de nulidad de autorizaciones, clausuras, demoliciones y responsabilidad penal. Lo que s

La Manifestación de Impacto Ambiental ( MIA ) es el instrumento de política ambiental mediante el cual el promovente de un proyecto describe sus características, sus efectos previsibles sobre el entorno y las medidas de mitigación propuestas, sometiéndose a la evaluación de impacto ambiental ( EIA ) a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( SEMARNAT ). Para inversores, desarrolladores y propietarios que operan en Quintana Roo, la MIA no es un trámite a

Todo proyecto inmobiliario de escala relevante en la Riviera Maya enfrenta un régimen ambiental federal de alta densidad normativa, cuya inobservancia genera no solo sanciones administrativas sino también nulidad de autorizaciones, suspensión de obras y responsabilidad penal. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ( LGEEPA ), el sistema de áreas naturales protegidas ( ANP ), la zona federal marítimo-terrestre ( ZOFEMAT ), y la supervisión activa d

El presente protocolo constituye el estándar interno vinculante de IBG Legal para la conducción de auditorías legales en operaciones inmobiliarias y corporativas. Su aplicación es obligatoria para todos los abogados y asociados del despacho, independientemente de la oficina de origen. El protocolo se estructura sobre tres ejes: cumplimiento normativo federal y estatal, métricas de tiempo procesables, y criterios de calidad verificables por el socio supervisor. Fundamento Norm

La adquisición o desarrollo de un predio costero en Quintana Roo activa un conjunto de obligaciones ambientales federales y estatales cuyo incumplimiento puede derivar en la nulidad de autorizaciones, responsabilidad penal ambiental y, en los casos más graves, la demolición de obras y la revocación irreversible de concesiones. Un due diligence ambiental riguroso no es un trámite de cortesía: es el instrumento técnico-jurídico que determina si el proyecto es ejecutable, a qué

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2012 y con reformas vigentes al 2025, clasifica expresamente las operaciones inmobiliarias como actividades vulnerables sujetas a obligaciones de identificación, reporte y resguardo de información. El artículo 17, fracción XIV sujeta a sus disposiciones a quienes habitualmente realicen operaciones

Una auditoría legal inmobiliaria bien ejecutada no consiste en confirmar lo que el vendedor declara: consiste en identificar lo que no declara. Los problemas que con mayor frecuencia detecta el due diligence en Quintana Roo no son accidentales; responden a patrones recurrentes derivados de la informalidad registral histórica, la complejidad del régimen de propiedad federal costera y la superposición de derechos agrarios con títulos privados. Cada uno de estos factores puede i