Los contratos de administración hotelera (hotel management agreements) constituyen instrumentos jurídicos complejos que definen la relación entre el propietario del inmueble y el operador encargado de su explotación comercial. En el contexto de la Riviera Maya y el Caribe Mexicano, donde la concentración de activos hoteleros en manos de fondos de capital privado y family offices internacionales es creciente, la asimetría negocial entre operadores globales consolidados y propi

El arrendamiento vacacional a través de plataformas digitales opera en un espacio normativo donde convergen el derecho civil federal, la legislación turística, el régimen fiscal aplicable a actividades de economía digital y, en el caso de Quintana Roo, disposiciones locales específicas. La ausencia de un instrumento legal que regule integralmente este segmento ha generado una práctica contractual heterogénea y, con frecuencia, estructuralmente deficiente. Identificar las cláu

El régimen de propiedad en condominio en Quintana Roo se rige por una arquitectura normativa de dos niveles. A nivel federal, el Código Civil Federal establece los principios generales del derecho de propiedad y copropiedad, aplicables supletoriamente. A nivel local, la Ley de Propiedad en Condominio del Estado de Quintana Roo y el Código Civil del Estado regulan específicamente la constitución, administración y extinción del régimen condominial. Constitución del Régimen La c

Marco Metodológico para la Evaluación de Viabilidad Legal en el Corredor Tulum-Cancún El corredor Tulum-Cancún concentra simultáneamente las variables de riesgo legal más complejas del mercado inmobiliario mexicano: superposición de regímenes de propiedad social, zonas federales costeras, áreas naturales protegidas, ordenamientos ecológicos con vigencia disputada, y una presión de desarrollo que frecuentemente rebasa la capacidad institucional de los municipios de Solidaridad

El artículo 27 constitucional, en su párrafo primero, establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, y que únicamente los mexicanos por nacimiento o naturalización, y las sociedades mexicanas, tienen capacidad para adquirir el dominio directo sobre bienes inmuebles en territorio nacional. Esta es la regla general de capacidad adquisitiva que fija el orden constitucional mexicano en materia

Quintana Roo concentra algunas de las superficies protegidas más extensas y ecológicamente sensibles del país. Para quienes estructuran proyectos inmobiliarios, turísticos o de infraestructura en la entidad, el régimen de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no es un elemento accesorio del análisis de viabilidad: es, con frecuencia, el factor determinante. Una lectura inexacta del marco regulatorio puede generar nulidades de pleno derecho, responsabilidad ambiental objetiva y

La proliferación masiva de Sargassum fluitans y S. natans en el Caribe mexicano ha dejado de ser un fenómeno estacional para convertirse en una crisis estructural con consecuencias económicas, ambientales y legales de primer orden. El litoral de Quintana Roo concentra la mayor presión operativa, pero el marco normativo que regula la recolección, el traslado y el aprovechamiento del sargazo permanece fragmentado entre múltiples órdenes de gobierno y regímenes jurídicos que n

Todo proyecto inmobiliario de escala relevante en la Riviera Maya enfrenta un régimen ambiental federal de alta densidad normativa, cuya inobservancia genera no solo sanciones administrativas sino también nulidad de autorizaciones, suspensión de obras y responsabilidad penal. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ( LGEEPA ), el sistema de áreas naturales protegidas ( ANP ), la zona federal marítimo-terrestre ( ZOFEMAT ), y la supervisión activa d

La adquisición o desarrollo de un predio costero en Quintana Roo activa un conjunto de obligaciones ambientales federales y estatales cuyo incumplimiento puede derivar en la nulidad de autorizaciones, responsabilidad penal ambiental y, en los casos más graves, la demolición de obras y la revocación irreversible de concesiones. Un due diligence ambiental riguroso no es un trámite de cortesía: es el instrumento técnico-jurídico que determina si el proyecto es ejecutable, a qué

El acceso a predios costeros y rurales en Quintana Roo constituye uno de los focos más recurrentes de litigios entre propietarios privados, desarrolladores y autoridades federales. La superposición de regímenes jurídicos, la complejidad del dominio público marítimo-terrestre y la informalidad histórica en la constitución de derechos de paso generan conflictos que requieren un análisis estructurado antes de adquirir, desarrollar o defender una propiedad en la región. Marco Nor

La regularización de obras ejecutadas sin licencia de construcción, o que exceden los parámetros de la autorización originalmente otorgada, se rige en Quintana Roo por un conjunto articulado de disposiciones federales y locales. A nivel federal, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU, publicada en el DOF el 28 de noviembre de 2016, con reforma publicada el 1 de junio de 2021) establece en su artículo 9 el esquema de co

La franja costera que bordea los desarrollos inmobiliarios del Caribe mexicano no es tierra privada susceptible de apropiación ordinaria. La denominada Zona Federal Marítimo-Terrestre (ZOFEMAT) es un bien del dominio público de la Federación, inalienable e imprescriptible conforme al artículo 27 constitucional y al artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) publicada en el DOF el 20 de mayo de 2004, con reformas vigentes al 19 de enero de 2024. Cualquier aprove

Tulum concentra hoy una densidad regulatoria sin precedente en el litoral mexicano. La confluencia de competencias federales, estatales y municipales sobre un territorio que incluye zonas federales marítimo-terrestres, áreas naturales protegidas y suelo urbanizable en expansión acelerada genera un entorno donde los errores de estructuración tienen consecuencias patrimoniales graves y, en varios supuestos, irreversibles. Quien invierte en Tulum en 2026 debe operar con conocimi

La brecha entre lo prometido en preventa y lo efectivamente entregado constituye, en el contexto del auge inmobiliario de Tulum, uno de los incumplimientos contractuales más frecuentes y de mayor complejidad ejecutiva en la práctica litigiosa del XXVII Circuito. Sus manifestaciones son documentables y recurrentes: deficiencias estructurales, obras inconclusas, amenidades inexistentes y, en los casos más graves, ausencia total de escrituración. El comprador que enfrenta esta s

La adquisición de inmuebles en Quintana Roo concentra riesgos jurídicos específicos que no existen en otras plazas del país: fragmentación catastral heredada de la colonización ejidal, superposición de regímenes de propiedad federal y privada en zonas costeras, y un mercado con fuerte participación extranjera sujeto a restricciones constitucionales. Un proceso de due diligence incompleto en esta plaza no produce incertidumbre abstracta; produce litigios activos, pérdidas de

Los inversionistas, desarrolladores y propietarios que operan en Quintana Roo enfrentan con frecuencia actos administrativos que afectan sus proyectos: negativas de licencias de construcción, clausuras, sanciones fiscales estatales y resoluciones de organismos como SEDETUR (Secretaría de Turismo del Estado). Cuando dichos actos adolecen de vicios de legalidad o resultan desproporcionales, el ordenamiento jurídico mexicano ofrece vías de impugnación específicas que deben activ

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, representa la transformación procesal más profunda del litigio privado en México desde la codificación del siglo XIX. Para quienes mantienen activos, contratos o estructuras corporativas en Quintana Roo, su entrada en vigor progresiva impone una revisión inmediata de las estrategias de defensa y de litigio ofensivo. Nota editorial: Todos

Dos reformas legislativas de distinto origen, pero con consecuencias que se potencian mutuamente, están reconfigurando el mapa de riesgo para proyectos inmobiliarios en Quintana Roo. La primera es la modificación al régimen de legitimación activa en materia ambiental derivada tanto de iniciativas legislativas en curso sobre la Ley de Amparo como, de manera ya consolidada, de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de interé

In March 2025, I published The New Power Game. One year later, with the advantage of hindsight, it is time to subject that analysis to the scrutiny of facts.

Setting up a business or owning property in Quintana Roo? Understand the tax landscape in Mexico compared to the United States to plan smarter and live better.